El 8 de mayo de 1987, en Ingeniero Budge, tres jóvenes fueron asesinados por efectivos de la Policía Bonaerense. Agustín Olivera, Oscar Aredes y Roberto Argañaraz se encontraban en una esquina del barrio cuando fueron acribillados por los uniformados. El hecho, conocido como la Masacre de Budge, impactó a nivel nacional y fue clave en la visibilización del llamado “gatillo fácil”.
La reacción de la comunidad fue inmediata. Familiares, vecinos y amigos se organizaron para exigir justicia, conformando la Comisión de Amigos y Vecinos. Este espacio acompañó el proceso judicial y sostuvo una lucha que sentó precedentes.
En paralelo al reclamo, la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA) inició tareas de espionaje sobre quienes participaban en la organización vecinal que reclamaba justicia. Los seguimientos incluyeron asambleas, marchas y reuniones, con el objetivo de frenar el avance del proceso. Décadas después, esos archivos fueron desclasificados y revelaron el alcance de esa vigilancia.
A pesar de los obstáculos, once años después del hecho, los tres responsables fueron condenados. Juan Ramón Balmaceda, Juan Alberto Miño e Isidro Rito Romero recibieron penas de prisión. Durante años permanecieron prófugos, con la protección de sectores policiales. La condena marcó un hecho inédito en el país por tratarse de una causa iniciada por la presión vecinal.
En 2012, el Congreso Nacional estableció el 8 de mayo como el Día de la Lucha contra la Violencia Institucional. La ley reconoce el impacto de este caso y su aporte en la construcción de una conciencia colectiva frente a estas prácticas.
A 38 años de la masacre, el reclamo por justicia y la denuncia contra la violencia estatal siguen presentes. La experiencia de Budge puso en evidencia cómo la organización barrial puede dar respuesta a situaciones de represión. También abrió el camino para otras luchas, marcando el rumbo de organismos como Correpi.
